8:18 AM 4/18/2018 – No Taxpayer Bailout for Puerto Rico’s Creditors: The island government’s rosy fiscal scenarios threaten its economic future. – bloomberg.com

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“Puerto Rico’s oversight board, which now must assess the government’s plan, has the responsibility to take a more realistic view, one that accounts for the substantial downside risks to economic growth that remain. One must also hope that it will recognize that Congress intended that U.S. taxpayers’ money should help Puerto Rico recover and should not be used, in effect, to bailout the island’s creditors.” 

No Taxpayer Bailout for Puerto Rico’s Creditors
The island government’s rosy fiscal scenarios threaten its economic future. – Desmond Lachman, Brad Setser and Antonio Weiss

“The government’s upward revision of 10 per cent in its economic forecast for 2023 over the year since the hurricane is analytically indefensible. In all likelihood, last year’s forecast should have been revised down not up. If the Oversight Board is to maintain its credibility, it will reject the government’s forecasts. Credibility is important. My experience with crises is that they are never resolved until the authorities have made a forecast that proves too pessimistic. We are not there yet in Puerto Rico… 

What is needed is much more reform and much more support, especially through debt relief, than now looks likely. Towards that end the Oversight Board, which has substantial moral authority, needs to provide real leadership by stressing that reform and support are mutually reinforcing.” 

Larry Summers

__________________________________
Michael Novakhov@mikenov

Puerto Rico’s creditors shouldn’t get a taxpayer bailout https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-04-15/no-taxpayer-bailout-for-puerto-rico-s-creditors  via @bv

No Taxpayer Bailout for Puerto Rico’s Creditors

The island government’s rosy fiscal scenarios threaten its economic future.

bloomberg.com

  1. Michael Novakhov@mikenov

    The boom in Puerto Rican debt has nothing to do with reality https://www.ft.com/content/3c294626-4261-11e8-93cf-67ac3a6482fd  via @financialtimes

    The boom in Puerto Rican debt has nothing to do with reality

    Speculators reap windfalls as estimates of hurricane damage are revised up

    ft.com

  2. Michael Novakhov Retweeted

    Metro Puerto Rico@Metro_PR

    https://bit.ly/2HqQZOr 

    Viene un plan fiscal nuevo desde la JSF

    Fuentes de Metro confirmaron que la Junta de Supervisión Fiscal estará presentando un plan fiscal nuevo el cual harán publico una vez sea entregado a La Fortaleza.

    metro.pr

  3. Michael Novakhov@mikenov

    La Junta de Supervisión Fiscal impone su receta @ElNuevoDia http://bit.ly/2qGuTxP 

    La Junta de Supervisión Fiscal impone su receta

    Los planes fiscales que el organismo federal certificará esta semana establecen ajustes presupuestarios adicionales, cambios en pensiones y que se implemente la reforma laboral inmediatamente

    elnuevodia.com

  4. Michael Novakhov@mikenov

    6:58 AM 4/18/2018 – Saved Stories: “Defensora de las familias estadounidenses”: Donald Trump lamenta la muerte de Barbara Bush http://pr-us.org/2018/04/18/658-am-4-18-2018-saved-stories-defensora-de-las-familias-estadounidenses-donald-trump-lamenta-la-muerte-de-barbara-bush/ 

    6:58 AM 4/18/2018 – Saved Stories: “Defensora de las familias estadounidenses”: Donald Trump…

    “Defensora de las familias estadounidenses”: Donald Trump lamenta la muerte de Barbara Bush Saved Stories – None Creativos de Puerto Rico en ruta al Festival de Cannes – Diario Metro de Puerto Rico…

    pr-us.org

  5. Michael Novakhov Retweeted

    Michael Novakhov@mikenov

    6:27 AM 4/18/2018 – Mike Nova’s Shared NewsLinks: Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de Puerto Rico http://pr-us.org/2018/04/18/627-am-4-18-2018-mike-novas-shared-newslinks-bishop-hace-una-nueva-advertencia-al-gobierno-de-puerto-rico/ 

    6:27 AM 4/18/2018 – Mike Nova’s Shared NewsLinks: Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de…

    Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de Puerto Rico @ElNuevoDia — Michael Novakhov (@mikenov) April 18, 2018 Mike Nova’s Shared NewsLinks Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de…

    pr-us.org

  6. Michael Novakhov Retweeted

    CNN International

    @cnni

    Former FBI Director James Comey sat down with Stephen Colbert for a wide-ranging interview that touched on President Donald Trump, the Russia investigation and … red wine https://cnn.it/2HcluEa 

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    Metro Puerto Rico@Metro_PR

    Esta es nuestra portada de hoy, miércoles, 18 de abril de 2018. ¡Busca tu ! Lea la versión impresa -> https://bit.ly/2J4cyBm 

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    Bloomberg Politics

    @bpolitics

    U.S. tells Russian embassy that it has no plans to impose any further sanctions soon, Russia says https://bloom.bg/2qHHW14

    Saved Stories – None
    RT @Metro_PR: Esta es nuestra portada de hoy, miércoles, 18 de abril de 2018. ¡Busca tu #Metro! Lea la versión impresa -> https://t.co/YKiK
    Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de Puerto Rico
    La Junta de Supervisión Fiscal impone su receta
    The boom in Puerto Rican debt has nothing to do with reality
    No Taxpayer Bailout for Puerto Rico’s Creditors
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    Filman película de Hollywood en Puerto Rico – Telemundo Puerto Rico
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    Posted by Metro_PR on Wednesday, April 18th, 2018 10:24am
    Retweeted by mikenov on Wednesday, April 18th, 2018 10:38am

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    Bishop hace una nueva advertencia al gobierno de Puerto Rico
     

    Washington – Como presidente del comité que supervisa la puesta en marcha de la ley Promesa, el republicano Rob Bishop (Utah) advirtió ayer que sería irresponsable y una violación de ese estatuto, que el gobierno de Puerto Rico ignore las reformas que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -que tiene a su cargo las finanzas públicas de la isla- va a incluir en los planes fiscales.

    “Si el gobierno no implementa lo que haga la JSF sería una violación de la ley”, expresó el congresista Bishop, al responder preguntas de El Nuevo Día en el Capitolio.

    Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, piensa que no debe haber disputa en torno a si la JSF tiene la autoridad no solo para proponerle al tribunal de bancarrota territorial una reducción en las pensiones de los jubilados del gobierno, sino además cambios en las normas laborales de Puerto Rico.

    “No es un debate. Es una violación de ley. ¿No es así? Es lo que dice la ley”, subrayó, en referencia al poder de la JSF sobre el gobierno electo de la isla.

    En una carta el Jueves Santo –que generó duras críticas del gobernador Ricardo Rosselló-, Bishop advirtió a la JSF que “se le ha delegado un deber estatutario para ordenar cualesquiera reformas –sean fiscales o estructurales–, al gobierno de Puerto Rico para asegurar cumplir con Promesa”.

    Aunque luego un asesor de Bishop dijo que no se debe pensar que ambos asuntos están 100% asociados, en su carta a la JSF, Bishop vinculó el flujo de fondos para mitigar la emergencia que generó el huracán María a la aprobación de reformas y la eliminación de gastos redundantes.

    En la agenda de la JSF ha estado recortar el pago de las pensiones en un 10%, y una reforma laboral que incluya reducir a solo siete días las licencias de vacaciones y de enfermedad en la empresa priva, hacer voluntario el bono de Navidad y eliminar la protección contra el despido injustificado.

    Rosselló reafirmó ayer en San Juan que ese tipo de reformas “no las vamos a ejecutar”. Ayer, Bishop dio el beneficio de la duda al gobierno de Rosselló y confió en que va a aceptar implantar los planes fiscales que certifique la JSF.

    “El gobierno allá es responsable. Saben que ha habido décadas de mal manejo fiscal que han llevado a la nación a un colapso financiero total. (El gobierno) no va a ser irresponsable y no trabajar con la JSF. Nadie sería irresponsable para no tratar de resolver los problemas”, indicó.

    Bishop, por otro lado, dijo que aún espera cumplir con la agenda original del Comité y convocar a una audiencia sobre el status político de Puerto Rico y los esfuerzos de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para promover legislación a favor de la admisión de la isla como estado 51 de EE.UU. El tema delstatus formó parte de la agenda de la comisión desde antes del plebiscito de 2017, en el que -en medio de un boicot de los partidos de oposición y con una participación electoral de 23%-, la estadidad obtuvo el 97% de los votos.

    “Jenniffer (González) ha trabajado bien duro para promover ese asunto. Espero que no hayan situaciones que hagan más difícil alcanzar esa meta”, dijo Bishop, después de hablar sobre las reformas del gobierno.

    La comisionada espera dialogar con Bishop sobre la convocatoria a una audiencia y la presentación de nuevos “proyectos” de ley en favor de que Puerto Rico sea el estado 51. En el Senado, el republicano Marco Rubio (Florida) ha advertido que no hay votos para avanzar un proyecto proestadidad.

    ¿Speaker Bishop?

    Bishop no ha respondido preguntas sobre si estaría disponible para ser el próximo speaker- si los republicanos retienen la mayoría-, en caso de que el portavoz republicano, Kevin McCarthy (California), principal candidato, no alcance votos suficientes.

    McCarthy ha sido endosado por el speaker Paul Ryan –quien no irá a la reelección-, pero puede ser retado por el conservador Jim Jordan (Ohio), del Freedom Caucus, poniendo en riesgo que consiga en enero los 218 votos necesarios para ser speaker si los republicanos retienen la mayoría cameral en las elecciones de noviembre.

    El presidente del Freedom Caucus, Mark Meadows (Carolina del Norte), mencionó en el New York Post a Bishop -quien ha dicho que se retira del Congreso en el 2020-, como un candidato sorpresa, pues tiene buenas relaciones con los moderados y conservadores del Grand Old Party (GOP).

    “Es prematuro”, dijo Bishop, pero cuando se le preguntó si dudaba que McCarthy alcanzara suficientes votos, afirmó que el actual portavoz de la mayoría “va ser un buen speaker”.

    La Junta de Supervisión Fiscal impone su receta
     

    La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se apresta a aprobar, al final de esta semana, un plan fiscal que implementaría de manera inmediata más cambios a las leyes laborales y el ajuste para los planes de pensiones propuesto hace un año, al tiempo que exigirá mayores recortes en los gastos operacionales del gobierno central, supo El Nuevo Día.

    Ayer, según fuentes de este diario, los asesores y directivos de la JSF daban los toques finales al plan fiscal del gobierno central, que, entre otras cosas, incorpora otros $120 millones en recortes en los gastos del gobierno y pide recortar las pensiones de sobre 100,000 jubilados, así como eliminar, entre otras cosas, el bono de Navidad y las protecciones a los trabajadores del sector privado que sean despedidos injustificadamente.

    De igual forma, el organismo creado por la ley federal Promesa, completaba la revisión o hacía modificaciones a los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec).

    A pesar de que fuentes de la Junta habían asegurado que los planes se divulgarían ayer, tarde en la noche se supo que el organismo federal decidió que lo hará durante el día de hoy.

    Según las fuentes, los planes fiscales que divulgará la JSF serán los documentos preparados por ese organismo. Sin embargo, las fuentes explicaron que, en el caso del gobierno central, “todavía sigue siendo un plan que, en su mayoría, se basa en las propuestas del gobernador”.

    El Nuevo Día supo que el plan fiscal de la AAA quedó prácticamente inalterado, debido a “la colaboración” que la JSF pudo establecer con la gerencia de esa corporación pública. Una situación similar se habría dado con los planes del BGF y Cossec.

    “El objetivo de la junta y del gobierno es que la AAA pueda continuar su curso a través del Título VI de Promesa”, dijo la fuente, al agregar que, “en este momento”, no se contempla invocar las protecciones del Título III para esa corporación pública. El Título VI de Promesa permite que el deudor y los acreedores puedan llegar a acuerdos voluntarios.

    “Las metas del plan siguen siendo las mismas”, reiteró una de las fuentes en referencia al plan del gobierno central.

    La receta de la JSF

    De acuerdo con la fuente que conoce de cerca los trabajos del organismo federal y quien solicitó anonimato, la JSF continúa apegada a su receta fiscal y económica por entender que ayudaría a restaurar el crecimiento y la disciplina presupuestaria. Llevar el plan del papel a la acción con un documento certificado según la ley federal Promesa, sentaría las bases para llegar a un entendido con los bonistas, dijo la fuente.

    La semana pasada, la JSF informó que sesionará por dos días -el próximo jueves y viernes- con el objetivo de certificar los planes fiscales.

    Según las fuentes, dicha agenda de trabajo continúa inalterada. En la sesión del jueves, se discutirían y certificarían los planes del gobierno central, la AEE y la AAA. Los planes del BGF, UPR, ACT y Cossec serían certificados el viernes.

    “En el plan de la AEE, una de las diferencias más grandes (con el plan que presentó el gobernador) es que se establece como objetivo una tarifa menor de 20 centavos el kilovatio-hora (kvh)”, agregó una de las fuentes.

    Reducir la tarifa de electricidad supondría un golpe particular para los bonistas, porque, según la fuente, la cifra de 20 centavos por kvh debe incluir lo que se destinará al pago de la deuda de la AEE, una vez ajustada en la corte.

    Por lo tanto, el único camino para la AEE sería reducir considerablemente su gasto de generación y distribución mediante fuentes de energía más baratas que el uso de fósiles.

    Según una de las fuentes, la JSF mantiene como pauta que haya una entidad regulatoria independiente en materia energética y, a esos efectos, reveló que el organismo federal ha entablado conversaciones con líderes legislativos. El diálogo ha ido dirigido a que el proyecto de ley que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió a la Legislatura para crear una nueva junta reglamentadora de servicios públicos establezca que las decisiones de los comisionados de energía no podrán ser revisadas por otros comisionados.

    “Habrá un proceso de transición para que esa comisión pueda regular ese nuevo sector, no solo para regular a la AEE”, se explicó.

    De igual forma, supo este diario, el plan fiscal de la AEE requerirá que la corporación adopte un nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR), una tarea que requiere del aval de la Comisión de Energía.

    Inamovible Rosselló

    Mientras la JSF pulía los documentos ayer, el gobernador reiteraba que no dará paso a ninguna propuesta que suponga una determinación de política pública, en especial, si se trata de ajustar las pensiones.

    Aunque Rosselló Nevares dijo estar disponible para buscar ahorros adicionales que eviten un recorte que afecte a “los más vulnerables”, indicó que la discusión con la JSF “no está en ese nivel”.

    “Mi expectativa es que seamos razonables, (que) podamos entender cuáles son los poderes que tiene la JSF y los que tiene el gobierno, y que siempre el objetivo principal sea el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.

    El gasto público

    De otra parte, el ajuste adicional de $120 millones en gastos operacionales por parte de la JSF se anticipaba.

    Si bien, en las pasadas semanas, la JSF y Rosselló Nevares quedaron encontrados por la reforma laboral y el ajuste a las pensiones, el organismo había señalado, en dos cartas de violación a los procesos provistos en Promesa, múltiples deficiencias en los planes de la administración, incluidos los estimados de ahorros que dejarían la consolidación de agencias y los planes de reducción de plazas a medida que se retiran o renuncian los trabajadores (attrition) y por renuncias incentivadas de empleados públicos y el impacto de la reforma contributiva.

    El problema con impulsar mayores recortes en la operación del gobierno, así como reducir las pensiones, es que se trata de un curso de acción que podría repercutir adversamente en la actividad económica y, por ende, en todas las proyecciones de los planes fiscales.

    Inicialmente, según el plan de Rosselló Nevares, las reformas estructurales contribuirían a mejorar el producto bruto en aproximadamente 1.5%. Ese supuesto beneficio al agregado económico se haría sal y agua, porque la inyección de fondos federales para la recuperación no tendría efectos duraderos.

    La ficha de negociación

    Para la JSF, según las fuentes, hay pocas opciones.

    Por un lado, aunque el plan contempla la inyección de fondos federales que llegará a la isla en los próximos años, en especial, al programa Mi Salud, esas asignaciones no servirán para desaparecer el déficit presupuestario luego del tercer año del plan fiscal.

    De igual forma, según las fuentes, si Puerto Rico se presenta en el tribunal sin viabilizar un recorte de las pensiones, se corre “el riesgo” de que, en el proceso de ajuste de deudas con los bonistas, se adopte un ajuste mayor al que se ha propuesto.

    La deuda con los bonistas ronda los $30,000 millones y la mayoría posee algún tipo de garantía de pago por ley.

    En cambio, la deuda con los pensionados ronda $50,000 millones y, según las leyes vigentes, no está asegurada y su prioridad es secundaria a la deuda pública.

    “En ese cuadro, la situación no juega a favor de Puerto Rico”, indicó una de las fuentes.

    The boom in Puerto Rican debt has nothing to do with reality
     

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    Desmond Lachman, Brad Setser and Antonio Weiss have written a very strong analysis of the Puerto Rico situation. If ever there was a disconnect between underlying reality and what is happening in financial markets, it is the boom in Puerto Rican debt that has nearly doubled the value of some of its debt securities during the past few months.

    Markets are now pricing in that close to $20bn more will come out of Puerto Rico to investors than at the end of 2017, following the territory’s own government, which is inexplicably projecting a substantially greater ability to repay debt today than before the hurricane.

    What is going on? True, there may have been some excessive panic and liquidation selling in markets right after the hurricane. And the federal government is infusing more money into the territory than might have been expected in the immediate aftermath of the hurricane.

    But there is something profoundly troubling about speculators in Puerto Rican debt reaping windfalls even as estimates of hurricane damage are revised up, tax-reform legislation undermines the territory’s competitiveness, out-migration increases, political cleavages increase, lay-offs from the public sector are set to increase and outside observers become more pessimistic about the territory’s economic prospects.

    The government’s upward revision of 10 per cent in its economic forecast for 2023 over the year since the hurricane is analytically indefensible. In all likelihood, last year’s forecast should have been revised down not up. If the Oversight Board is to maintain its credibility, it will reject the government’s forecasts.

    Credibility is important. My experience with crises is that they are never resolved until the authorities have made a forecast that proves too pessimistic. We are not there yet in Puerto Rico.

    The fundamental problem in the territory now is the sterile debate between those who believe salvation lies in more debt relief and more federal support and those who believe in more belt-tightening and market oriented structural reforms.

    Aid advocates wrongly downplay the efficacy of reform as a way of making the case for more support. Reform advocates fear that support will undermine pressure for reform and so wrongly downplay the need for debt relief and federal support.

    The result is inadequate support, insufficient reform and a dismal outcome for Puerto Rico.

    What is needed is much more reform and much more support, especially through debt relief, than now looks likely. Towards that end the Oversight Board, which has substantial moral authority, needs to provide real leadership by stressing that reform and support are mutually reinforcing. It needs to highlight that:

    • without debt overhangs structural reforms to help business and free up labour markets will be most effect;

    • structural reforms while desirable in medium and long term require some increased safety net expenditures to be politically acceptable.;

    • a big push of reform and debt relief maximizes Puerto Rico s prospects for self sufficiency and will over time minimize outmigration.

    The Oversight Board can do the easy thing and make all the stakeholders happy by being relatively optimistic and asking less of all the Puerto Rican stakeholders. Or it can do the hard and right thing for the territory and American taxpayers by refusing to bless any approach not predicated on large scale structural reform and extraordinarily sweeping debt relief. I hope they step up.

    No Taxpayer Bailout for Puerto Rico’s Creditors
     

    Puerto Rico bonds have been the best-performing fixed income investment thus far in 2018. Following the devastation of last year’s Hurricanes Maria and Irma, and the expected migration to the mainland of more than 10 percent of the island’s population, how can this be?

    The answer lies in the tens of billions of emergency reconstruction dollars appropriated by Congress, including $18 billion in housing grants alone, and in the dangerously optimistic forecasts of Puerto Rico’s own government. We are convinced that the emergency funds should be used to rehabilitate the island’s economy, as Congress intended, and not diverted to create a windfall for the island’s creditors.

    Last October, after surveying the wreckage on the island, President Trump said of the island’s $74 billion in debt, “We’re gonna have to wipe that out.” However, despite the devastation caused by the hurricanes, Puerto Rico’s government now inexplicably projects that it is in a better position to pay off its debts than it was a year ago.

    Prior to the hurricanes, the government’s fiscal plan, certified by the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico established by Congress in 2016, assumed that Puerto Rico could make debt service payments equal to 25 cents on the dollar. Now, notwithstanding the virtual destruction of its electrical grid, serious damage to other productive infrastructure, the shuttering of many of its businesses and the exodus of many workers and taxpayers, the government is happily forecasting that it could make payments up to 40 cents on the dollar. It is doing so by unrealistically assuming that increased healthcare and reconstruction funds being appropriated by Congress will spur the kind of economic growth not seen on the island in more than a decade, even as it proposes steep cuts to government services and agencies that employ about one-quarter of its formal workforce.

    Puerto Rico should be encouraged to plan for a better future. However, excessive optimism that understates the risks associated with fiscal austerity and the eventual withdrawal of reconstruction support will result in a debt restructuring on terms inconsistent with Puerto Rico’s capacity to pay. That will only set Puerto Rico on course for a second debt restructuring.

    In making its latest economic forecast, the Puerto Rican government seems to be turning a blind eye not just to the island’s devastation but also to its dismal economic track record over the past decade, when its economy declined by 15 percent — a steady descent punctuated by only one year of growth following a large tax cut. Instead, it seems to have taken the view that a hurricane of epic proportions is in fact a form of divine intervention that will effectively result in a positive shock to near-term growth by way of increased congressional financial support.

    One year ago, Puerto Rico’s certified economic plan forecast that a prolonged period of budget austerity would cause the island’s economy to decline by more than 10 percent. Now it is predicting an output level by 2023 that is 10 percent higher than in the previous plan. The government is doing so even though the economy was hit by a Category 5 hurricane, and even though it is proposing less economic reform than in its previous plan and a similar level of budget adjustment.

    The island’s infrastructure can be rebuilt with large-scale funding from Washington, but at best its productive capacity would only be restored to its pre-hurricane level. By itself, this funding provides little basis for the hope that the island’s economy can now somehow do very much better than it could before the hurricane. The influx of federal reconstruction dollars certainly could temporarily raise the rate of growth and pull up the level of output. However, once recovery spending wanes, that effect should largely go into reverse — leaving in place long-standing problems like high unemployment and the highest poverty rate in the United States.

    Economic research on a wide range of countries that have experienced similar natural calamities over the past 50 years suggests that per-capita GDP is typically lower than projected pre-disaster. It also shows that a crisis-hit economy generally takes a decade or two even to regain its former trend rate of growth.

    Importantly, structural reforms such as changes to “ease of doing business” and labor laws — issues on which the governor and oversight board disagree — cannot by any reasonable economic analysis be powerful enough in themselves to offset the loss of federal Medicaid funding, the potential drag from recent changes to the corporate income tax code, and the eventual withdrawal of disaster aid. Yet both the government and oversight board rely on a range of controversial structural reforms to produce decades of sustained growth — a perilous projection.

    Yet another factor that would make Puerto Rico’s rosy economic scenario appear highly implausible is population flight to the mainland. The government itself is estimating that as a result of the hurricane, the island will lose more than 10 percent of its people over the next few years. The loss of that large a part of its economically active population is likely to result in a permanent downward shift in the island’s productive capacity.

    Puerto Rico’s oversight board, which now must assess the government’s plan, has the responsibility to take a more realistic view, one that accounts for the substantial downside risks to economic growth that remain. One must also hope that it will recognize that Congress intended that U.S. taxpayers’ money should help Puerto Rico recover and should not be used, in effect, to bailout the island’s creditors.

    It is our view that the public-sector debt, which consumes roughly 30 percent of the island’s tax revenues annually, must be written down to the maximum extent allowable under the law. This should be done in the interest of getting the island back onto its feet and of avoiding a second debt restructuring.

    This week, the oversight board appointed by Congress meets to review the new fiscal plan. For the sake of the island and all U.S. taxpayers, let us hope that its approach to the island’s daunting economic challenges is more prudent than that of the Puerto Rican government.

    This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

    To contact the authors of this story:
    Antonio Weiss at antonio_Weiss@hks.harvard.edu

    To contact the editor responsible for this story:
    James Gibney at jgibney5@bloomberg.net

    Creativos de Puerto Rico en ruta al Festival de Cannes – Diario Metro de Puerto Rico
     


    Diario Metro de Puerto Rico
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